La agencia federal encargada de garantizar la seguridad de la salud pública está en el centro de dos demandas que determinarán el futuro del aborto en Estados Unidos. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) se encuentra en esta situación debido a que le dio más importancia a la ideología que a la seguridad y resolvió eliminar las pocas protecciones contra la píldora abortiva que inicialmente estableció. Siguió con esta tendencia al disminuir aún más las regulaciones de seguridad contra la píldora abortiva y a considerar que es seguro que las farmacias la distribuyan.
En estos momentos estamos esperando que un juez en Texas, que está considerando si la FDA aprobó erróneamente la píldora abortiva en el 2000, dé su fallo al respecto. Alliance Defending Freedom (ADF por sus siglas en inglés) presentó una demanda (en inglés) en nombre de cuatro organizaciones de atención médica que sostienen que la FDA solamente podía haber aprobado la píldora si se caracteriza el embarazo como una “enfermedad” y si se considera que el medicamento proporciona un “beneficio terapéutico significativo”. ADF señala que para poder aprobar la píldora abortiva, “La FDA tuvo que rechazar la ciencia porque la FDA nunca estudió la seguridad de tal régimen farmacológico, también ignoró los posibles impactos del químico bloqueador de hormonas en los cuerpos en desarrollo de las adolescentes y no tomó en cuenta la importante evidencia que muestra que los abortos químicos causan más complicaciones que incluso los abortos quirúrgicos”.
A pesar de los peligros, la FDA amplió el uso de la píldora abortiva, autorizando su uso hasta las 10 semanas del embarazo en lugar de las siete semanas iniciales, también redujo y luego eliminó el requisito de visitas médicas, y el de recetas médicas, luego aprobó la distribución de la píldora por correo y su dispensación a través de farmacias minoristas.
La demanda por parte de ADF se produce después de casi dos décadas de desafíos que han sido ignorados por la FDA. La decisión probablemente será presentada ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito y luego ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Las consecuencias de las elecciones
Mientras tanto, los activistas a favor del aborto quieren que la FDA le ponga fin a las pocas restricciones que quedan contra la píldora abortiva. La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, se unió a otros estados en una demanda que pide que los tribunales autoricen efectivamente que la píldora se distribuya como si fuera una aspirina.
Esto, a pesar de que los abortos químicos son cuatro veces más peligrosos que los abortos quirúrgicos y una de cada cinco mujeres sufre de complicaciones y requiere tratamiento médico después de tomar la píldora. Además, tomar la píldora abortiva puede ser mortal para mujeres con un embarazo ectópico.
Las leyes de Arizona prohíben enviar la píldora abortiva por correo y requiere que su distribución sea en persona.
La ley estatal sobre el aborto en las manos de la Corte Suprema de Arizona
La ley de Arizona que prohíbe el aborto excepto para salvar la vida de la madre y que estaba en efecto antes que se diera la decisión en el caso de Roe v Wade tiene otra oportunidad ante los tribunales. El miércoles de la semana pasada ADF presentó una apelación (en inglés) que solicita que la Corte Suprema del estado revise el fallo de un tribunal inferior a fines de diciembre que neutralizó la ley a través de una opinión complicada.
En el escrito presentado ante el tribunal superior del estado, los abogados de ADF presentaron un caso claro explicando que la intención de los legisladores durante las últimas cinco décadas ha sido preservar la ley de Arizona en vigor, antes de la decisión en el caso de Roe a pesar de que no podía aplicarse mientras que la autorización del aborto por la Corte Suprema de Estados Unidos a través de la decisión en caso de Roe estuviera vigente. Ahora que se ha eliminado el único obstáculo para esta ley, que fue la decisión en caso de Roe, que autorizó el aborto a nivel nacional, esta ley debe volver a entrar en vigor.
No son bienvenidos los doctores a favor de la vida
El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG por sus siglas en inglés) excluyó de una conferencia anual a un grupo de médicos a favor de la vida que había sido parte de esta conferencia por 15 años. ACOG eliminó la mesa de exhibición que la Asociación Americana de Obstetras a Favor de la Vida (AAPLOG por sus siglas en inglés) había usado durante una década y media debido a que no comparte las creencias de ACOG. El sitio web (en inglés) de ACOG dice: “ACOG se opone firmemente a cualquier esfuerzo que impida el acceso al aborto …”
La organización a favor del aborto no deja ningún espacio dentro del campo para diferencia de opiniones. La misión de AAPLOG es “alentar y equipar a los médicos para que compartan un razonamiento de la defensa de las vidas, tanto de la madre embarazada como de su bebé no nato basado en la evidencia”.
Actualización legislativa de Arizona
Los proyectos de ley aprobados por una mayoría de legisladores a favor de la vida y a favor de la familia en Arizona, enfrentan una batalla cuesta arriba para evitar el veto de la gobernadora Hobbs. Pero los referendos no requieren la firma de un gobernador para comparecer ante los votantes. Aunque esta es una alternativa para crear una nueva ley estatal, que es costosa y requiere un gran esfuerzo.
Dos proyectos de ley se someterán a referéndum en las elecciones del 2024:
El proyecto de ley SCR 1024 prohibiría constitucionalmente que el estado ponga en desventaja o trate a un individuo de manera diferente debido a su raza u origen étnico al tomar decisiones de admisión, contratación, promoción o contratos.
El Proyecto de ley SCR 1015 garantizaría que los arizonenses en todo el estado puedan tener voz y voto a la hora de determinar que iniciativas aparecen en la boleta electoral ya que requiere que un cierto porcentaje de firmas provenga de cada distrito legislativo. Esto combate el problema de que solo aquellos que viven en las ciudades más grandes deciden acerca de las iniciativas sobre las cuales deberá votar todo el estado. Te invitamos a que leas la hoja informativa (en inglés) de CAP.